Elogios al barrio «más integrador»

El alcalde agradeció en la inauguración del centro cívico de Eirís, y ante 300 personas, el comportamiento de los vecinos con los nuevos residentes pese a «intereses partidistas»

E. Silveira

«Sois el barrio más solidario y más integrador, y merecíais este centro cívico». El alcalde, Javier Losada, no escatimó ayer en elogios para los vecinos durante la inauguración del nuevo centro cívico de Eirís. Y él, a su vez, asumió de buen grado algún «¡guapo!» que le dedicó el público cuando hablaba del esfuerzo del Ayuntamiento para conseguir los terrenos donde hoy se levanta el centro cívico número 22 de la ciudad. Ante más de 200 personas (las cien restantes no cabían en el salón de actos ya abarrotado) Losada recordó cuando hace un año se puso la primera piedra del edificio: «Aquel día, vuestro presidente de la asociación de vecinos, Suso Prado, resumió el sentir del barrio con una frase que condensaba todo lo que es el centro cívico: ''Non é en tempo, pero hoxe é un día feliz''». Añadió que el proyecto es ambicioso y que Eirís se lo merece porque, repitió, es el barrio «más integrador y solidario».

Leer más

El Gobierno acelera la concreción de la ayuda por dependencia leve

1. Confía en que no se colapse el sistema de asistencia como alertan los ayuntamientos
   
2. Acció Social anuncia que no dividirá pagos en 5 años como prevé el Ejecutivo, sino en 3

FIDEL MASREAL
BARCELONA

El Gobierno concretará «lo antes posible» las ayudas a las que tendrán derecho los ciudadanos con un grado de dependencia leve, que a partir del año que viene podrán solicitar una prestación pública de acuerdo con la ley de la dependencia.
Así lo confirmó ayer el secretario general de Política Social y Consumo del Ministerio de Sanidad, Francisco Moza, quien explicó que está en marcha un grupo de trabajo para fijar, de acuerdo con las autonomías y las entidades del sector, los servicios a los que tendrán acceso las personas a las que se reconozca el grado de dependencia 1, el menos grave.
La consellera de Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, había exigido al Gobierno que acelerase este proceso para poder planificar los servicios que las administraciones deberán prestar a los nuevos usuarios. Capdevila formuló esta reclamación a la vista del riesgo de colapso del sistema que han denunciado los servicios sociales de numerosos municipios catalanes. Los ayuntamientos alertan de que los nuevos beneficiarios pueden hacer inviable en el 2011 una atención a la dependencia que ya desborda en muchos casos las capacidades locales.
Al respecto de esta denuncia, Moza reconoció el «importante esfuerzo» de los profesionales municipales, pero sostuvo que el sistema sigue absorbiendo un gran número de nuevos casos «a un ritmo similar que el año pasado» y que durante este ejercicio ha incorporado a 250.000 ciudadanos. Preguntado sobre si ante la queja municipal el Gobierno tiene previsto algún apoyo adicional, el secretario general de Política Social recordó que las autonomías han incrementado sus fondos para el despliegue de la ley y que el segundo Plan E del Gobierno incluyó una parte destinada a reforzar servicios municipales del ámbito social, que ha representado 737 millones extras. Moza añadió que «hay que explicar a la gente la complejidad del sistema».
Leer más

Una plaza en un geriátrico privado en Galicia cuesta entre 2.000 y 4.000 euros

El 85% de los más de 600.000 gallegos mayores de 65 años prefieren su entorno a estar en una residencia
Mario Beramendi

El rostro de Galicia está profundamente arrugado. En la comunidad viven 602.862 personas mayores de 65 años, casi el 22% de la población, de las que 177.361 tienen más de 80 años. Esto la coloca como una de las comunidades con más demanda de servicios para la tercera edad, pero paradójicamente se sitúa en el furgón de cola de la oferta. En la última década ha existido una profunda brecha entre el número de demandantes de una plaza pública en un geriátrico y las camas disponibles. Pero esa desproporción ha ido menguando. El nuevo marco de ayudas de la ley de dependencia, que potencia los cuidados domésticos, ha hecho caer la demanda de manera brusca. Actualmente, hay unos mil mayores a la espera de una vacante en un geriátrico público, cifra que contrasta con los 3.000 que existían a comienzos del 2008.

«É importante destacar que cada vez hai menos xente que quere una praza de residencia na medida en que cada vez se desenvolven máis os servizos de proximidade, como a atención de día ou a atención a domicilio», explica la Consellería de Traballo e Benestar. La espera media para ocupar una plaza en una residencia es ahora ligeramente inferior a un año, cuando en el 2008 se situaba en dos. Un estudio elaborado por el departamento que lidera Beatriz Mato revela que el 85% de los mayores encuestados prefieren no salir de su entorno cercano.

Esta nueva realidad ha hecho que Benestar se plantee una política de servicios que no vaya destinada únicamente a incrementar las plazas en residencias. De hecho, la Xunta está elaborando un estudio de nuevas necesidades de dependientes y un mapa de infraestructuras que permita localizar las inversiones según los tipos de servicios más demandados en cada territorio.

Con todo, Galicia ocupa los últimos puestos en España en servicios y plazas para atender a mayores. Por cada cien gallegos mayores de 65 años solo hay disponibles 2,47 plazas en geriátricos, la tasa más baja del Estado, donde la cobertura es el doble (4,44). A esto se suma que en los últimos años el gran incremento de la oferta de vacantes ha venido de la mano de la iniciativa privada, que oferta unas plazas a precios que oscilan entre los 2.000 y los 4.000 euros, inaccesibles para la gran mayoría de los pensionistas gallegos. En esta comunidad gallega hay solo 29 residencias públicas, con 3.324 plazas, y 60 privadas con concierto, que ofertan 2.467 camas; el coste de ingresar en cualquiera de estos centros supone 1.500 euros mensuales para la Administración autonómica, a los que hay que añadir lo que aporta el ciudadano, que es el 75% de su pensión.

Leer más

El Gobierno creará una fiscalía específica de lucha contra la discriminación

Zerolo ha dicho que situará a España como el primer país de la UE que transpone todas las directivas comunitarias en materia de discriminación y tendrá un «claro enfoque de género».

El proyecto de Ley de igualdad de trato y no discriminación, que el Gobierno tiene previsto presentar antes de agosto, contemplará la creación de una fiscalía específica para luchar contra la discriminación.

Así lo ha asegurado hoy el secretario federal de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, Pedro Zerolo, durante la presentación del informe «Por la diversidad, contra la discriminación», elaborado por la Fundación Ideas, que preside el ex ministro socialista Jesús Caldera.

La nueva ley será una realidad esta legislatura, situará a España como el primer país de la Unión Europea que transpone todas las directivas comunitarias en materia de discriminación (recogidas en el artículo 21 del Tratado de Lisboa) y tendrá un «claro enfoque de género», según ha explicado Zerolo.

El secretario federal ha subrayado que la futura ley «no es para las minorías, sino para la inmensa mayoría, ya que cualquiera puede verse en una situación de discriminación en algún momento de su vida».

Además de la fiscalía, Zerolo ha explicado que la ley se va a dotar de otra «herramienta fundamental», el Consejo para la igualdad de trato, un órgano «independiente y autónomo» que no sólo amparará a las víctimas de discriminación, sino que también «establecerá las indicaciones oportunas para que nuestro país vaya impidiendo cualquier brote de nuevas discriminaciones».

Precisamente el informe de la Fundación Ideas, coordinado por Fernando Rey Martínez y David Giménez Glück, pide la incorporación a la legislación española de nuevas causas de discriminación como la apariencia física (por ejemplo, la obesidad) o padecer determinadas enfermedades como el sida, según ha explicado Caldera.

Estas nuevas formas de discriminación se sumarían a los «seis rasgos sospechosos» -etnia/raza, religión-convicciones, edad, discapacidad y orientación/identidad sexual- protegidos en el futuro derecho antidiscriminatorio de la UE.

Caldera ha defendido también que se prohíba por ley la identificación de las personas por su perfil racial, una práctica no habitual en la policía española, que tiene «exquisito cuidado» en no utilizar el criterio racial en sus controles a los ciudadanos, aunque «puede haber errores».

Leer más

El Ayuntamiento inicia un plan para erradicar el chabolismo en A Pasaxe

Servicios Sociales tiene previsto empezar a final de año la integración de 53 familias censadas en este poblado
E. Silveira
El Ayuntamiento tiene ya un plan «pensado y diseñado» para la erradicación del poblado chabolista de la conservera Celta, situado junto al puente de A Pasaxe. La concejala de Servicios Sociales, Silvia Longueira, indicó ayer que se trata de un plan específico para este asentamiento y que en el plazo de un año ya se podrá iniciar el proceso para el realojo y la integración social de las familias que allí viven.

Longueira explicó que, según el censo elaborado hace dos años, en la conservera Celta viven 53 unidades familiares y que, durante todo este tiempo y tras constantes revisiones, esta cifra no se ha visto incrementada. En este sentido, negó que se hubieran expulsado familias que ahora estén de vuelta en el asentamiento.

Comentó también que este núcleo chabolista tiene unas connotaciones muy diferentes a las que están presentes en Penamoa. Aseguró que, en primer lugar, las personas que viven junto al puente de A Pasaxe lo hacen en condiciones de pobreza extrema; en segundo lugar, no hay actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas, aunque sí reconoció que se han detectado otras relacionadas con el furtivismo. Precisó, de todas formas, que no todos los que están allí son furtivos, «ya que muchos vienen de otros lados» para faenar en la ría sin la correspondiente licencia.

Silvia Longueira comentó que los técnicos de Servicios Sociales están trabajando desde hace tiempo con las familias y precisó que, para que el proyecto dé buenos resultados, es necesario conocer a todos «con nombres y apellidos, porque sino no tendría sentido». Se trata, según dijo, de un proceso lento y con muchas entrevistas individualizadas, pero que también permite hacer un seguimiento de las familias y diseñar un tratamiento específico para cada una de ellas. «En general sabemos sus nombres y apellidos; en particular, empezamos ahora a conocerlos. Estamos ahora en esa fase», precisó Longueira. La concejala insistió que el proceso de integración de cada familia se diseña «a la carta» y que no puede ser, como se suele decir, «un café para todos...»

Leer más