Cortará fondos a las autonomías si siguen sin justificar las ayudas
CARMEN MORÁNEl Gobierno no está dispuesto a seguir dando a las comunidades dinero por la Ley de Dependencia si éstas no demuestran que sus ciudadanos están efectivamente recibiendo las ayudas. Se lo ha exigido por activa y por pasiva, lanzando incluso un ultimátum. Pero no ha logrado que las autonomías justifiquen las partidas, así que ha endurecido con un nuevo decreto las condiciones para librar una cantidad por cada dependiente registrado en el sistema informático.
Sólo se pagará si se especifica qué prestación va a recibir la persona, si se trata de una plaza de residencia, una asistencia a domicilio, ayuda económica al familiar que cuida... Y sólo se librará el dinero a partir de la fecha en que se esté recibiendo de verdad ese servicio. Si ha pasado un año entre la fecha que se hizo constar y el momento en que la persona recibe la prestación o ayuda, el Gobierno no garantizará que los pagos a las comunidades por esas personas se hagan a tiempo.
En la actualidad, con los últimos datos hechos públicos, se desconoce qué prestación se ha concedido al 42% de las 530.000 personas que se dan por atendidas. Por tanto, cabe preguntarse si lo están realmente si sólo se ha reconocido su derecho a recibir una prestación. No puede saberse, por ahora.
Al inicio de la ley, algunos dirigentes de comunidades reconocían que uno de los primeros pasos que se dieron fue registrar en el sistema a los discapacitados ya atendidos, ancianos en residencias, por ejemplo, para ir recibiendo dinero estatal y seguir implantando la ley. Pero eso será ahora imposible también porque la modificación de la ley obliga a que sea el propio anciano o sus familiares los que inicien el procedimiento.
Pero esos, al menos, estaban ya atendidos. Lo que se desconoce es si lo están los nuevos solicitantes, los que no recibían ayuda alguna y ahora tienen reconocido ese derecho aunque las comunidades no indican qué prestación les corresponde. Puede que estén en su casa esperando.
El Gobierno ya dio el año pasado un plazo de seis meses a las comunidades para que aportaran esa información "en aras de una mayor claridad", se dijo entonces. Pero también se habló de cortar el grifo del dinero si esto no se hacía. Pues no se hizo del todo, y casi la mitad de los beneficiarios siguen en el misterio.
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