Servicios Sociales asegura que no tiene pisos para permutar por los de Eirís y Novo Mesoiro

La concejala de Servicios Sociales, Silvia Longueira, aseguró ayer que el Ayuntamiento de A Coruña no tiene pisos de propiedad municipal para permutar por los de promoción pública en Eirís y Novo Mesoiro que le corresponden y a los que, según la propuesta del PP, se podrían trasladar los adjudicatarios que provengan de poblados chabolistas.

Sobre esta medida, la concejala indicó que el papel del Ayuntamiento es «velar por los intereses de las personas adjudicatarias» y que no piensa participar «en un proceso que viole los derechos de los ciudadanos, de cualquiera de los 300 adjudicatarios de esa lista. El señor Diego Calvo sabrá qué decisiones toma para cumplir la ley», aseguró en relación al delegado de la Xunta en A Coruña. Sobre si el Ayuntamiento tomará medidas legales al respecto, Longueira dijo: «El Concello llegará a donde pueda llegar».

Añadió que el alcalde se había comprometido con el anterior delegado de la Consellería de Vivenda a que las viviendas de Eirís fueran adjudicadas y ocupadas por las personas a las que les correspondiesen. «Pero ese pacto no se ha respetado ni se quiere respetar y se barajan unas soluciones que a todas luces a nosotros nos parecen anticonstitucionales», aseguró.

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El nuevo Plan General incluirá otros 10.000 pisos de protección oficial en A Coruña

P. PÉREZ

Estarán en el puerto, Monte Mero, A Zapateira y Visma.
Es la mayor oferta de VPO desde 1998-
La meta del Ayuntamiento es construirlos en seis años.

A Coruña tendrá, si se cumplen las previsiones municipales, 10.000 viviendas protegidas más en los próximos seis años. Será la mayor oferta de VPO desde el Plan General de 1998 y se materializará en la construcción de pisos de protección que en su mayor parte estarán en los muelles (tras el traslado de la actividad portuaria a Langosteira, previsto para 2011), en A Zapateira, Monte Mero y la parte baja de San Pedro de Visma, entre Penamoa y O Ventorrillo.

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Más de 3.000 jóvenes gallegos solicitaron información sobre las ayudas de emancipación en tres días

En la oficina de la ciudad de A Coruña se registraron 632 solicitudes; en Vigo, 615; en Santiago, 460; en Lugo, 430; en Ourense, 443; en Pontevedra, 302, y en Ferrol 280.

Efe. Fecha de publicación:4/1/2008

Las oficinas que gestionan las ayudas de la renta básica de emancipación en Galicia recibieron 3.162 solicitudes de información desde el pasado miércoles, fecha desde la que se pueden pedir los 210 euros de subvención para pagar el alquiler.

La Consellería de Vivenda informó hoy en un comunicado que los interesados en solicitar estas ayudas se interesan principalmente por el proceso de tramitación, los requisitos y la documentación requerida.

En la oficina de la ciudad de A Coruña se registraron 632 solicitudes de información; en Vigo, 615; en Santiago de Compostela, 460; en Lugo, 430; en Ourense, 443; en Pontevedra, 302, y en Ferrol 280.

Unos 20.000 jóvenes gallegos de entre 22 y 30 años se pueden beneficiar de esta renta de emancipación, que no podrán solicitar aquellos cuyo alquiler supere los 600, si viven en las siete grandes ciudades gallegas, y los 500 euros en el resto de los ayuntamientos.

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Los jóvenes gallegos podrán pedir la ayuda al alquiler desde el 2 de enero

La Xunta fija la renta máxima subvencionable en 600 euros para las grandes ciudades y en 500, para el resto
Natalia Bore

A partir del 2 de enero los jóvenes gallegos podrán solicitar, en cualquiera de las oficinas de ventanilla única que la Consellería de Vivenda e Solo tiene en Galicia, la renta básica de emancipación, o lo que es lo mismo, la ayuda directa de 210 euros mensuales que el ministerio del ramo pagará a quienes tengan entre 22 y 30 años, sean titulares de un contrato de alquiler y no ganen más de 22.000 euros brutos al año. Junto con la subvención mensual, que podrá percibirse por un plazo máximo de cuatro años, el ministerio también incluye un préstamo para la fianza y 120 euros más para costear un aval, en caso de que se precisen.
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Los pisos protegidos se sortearán para agilizar sus trámites y entrega

LAURA JUAN. 14.06.2007
Ahora hay que esperar una media de dos años. La nueva ley tendrá sanciones más duras para luchar contra el uso irregular.
La vivienda protegida pública (VPP) se adjudicará por sorteo ante notario. Así lo anunció ayer la conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, en un adelanto de las novedades que incluirá la futura Ley de Vivienda de Galicia.
El objetivo es agilizar la tramitación y entrega de las VPP, pues el actual sistema, según la Xunta, «es lento e ineficaz», ya que «implica una media de dos años» de espera para entregar los pisos desde que se realiza la solicitud.
El modelo nuevo será el siguiente: bajo la supervisión de un notario, las viviendas se sortearán. Después, saldrá una lista con los agraciados y otra lista de espera con el doble de las viviendas que se vayan a entregar. De este modo, sólo será necesario pedir información a las personas que se encuentren en alguna de estas dos listas y no a todos los solicitantes.

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Casas accesibles

PEDRO L. PUENTES. 19.04.2007 - 04:41h

Ampliar la anchura de una puerta o poner un telefonillo a baja altura puede facilitar mucho la vida a este colectivo.

Lo que para la mayoría de la gente es habitual, para un dicapacitado puede resultar un desafío. Levantarse por la noche, coger un ascensor o llamar a un telefonillo parecen tareas sencillas, pero dejan de serlo si la persona que realiza estas tareas tiene algún tipo de discapacidad.
Desde hace dos años, la Universidad Internacional de Cataluña imparte la asignatura de Accesibilidad y Proyectos, promovida por la Fundación Adecco, pensada para enseñar a los futuros arquitectos cómo diseñar casas que aúnen estilo y funcionalidad para personas con problemas de movilidad o con cualquier otro tipo de discapacidad.

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Cáritas pide alojar a los sin techo en los pisos que estén vacíos

Y que quienes cedan sus casas obtengan beneficios fiscales.
El colectivo más necesitado, las solteras inmigrantes con hijos.

Cáritas pidió ayer a las administraciones que construyan más viviendas sociales y que los propietarios obtengan beneficios fiscales por ceder los pisos vacíos para albergar en ellos a los necesitados.
Esta organización, vinculada a la Iglesia, hizo la solicitud ayer tras presentar en Barcelona su informe La vivienda, un factor de exclusión social.
Cáritas afirma que de las personas sin casa que acuden a ellos en Cataluña, el 40% son inmigrantes suramericanos; el 25%, magrebíes; y otro 25%, autóctonos.

Los más vulnerables
Entre los colectivos más vulnerables, señaló a las mujeres solteras con niños a su cargo, especialmente a las inmigrantes que, debido a su condición de extranjeras, se encuentran solas en nuestro país y muchas carecen de una ayuda familiar para criar a los pequeños.
También mencionó entre los colectivos desfavorecidos en el acceso a la vivienda a los ancianos con una pensión baja, a las parejas jóvenes con hijos y a aquellos seiscientoseuristas o mileuristas que no pueden enmanciparse.

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