El Concello prevé que la Ley de Dependencia cree 1.000 empleos

Cuatro especialistas asesoran sobre las prestaciones a las que el Gobierno local calcula que tienen derecho 7.000 coruñeses.

José Manuel Gutiérrez. A Coruña

Una oficina municipal situada en la calle Voluntariado -junto a la plaza de la Galera- atiende desde ayer a las personas que solicitan información sobre la Ley de Dependencia, que el Concello calcula que afectará a 7.000 vecinos y que permitirá crear un millar de empleos en la ciudad. Tres trabajadoras sociales y una experta en atención a mayores se hacen cargo de este nuevo servicio del Ayuntamiento, con el que el Gobierno local "se pone por delante en la aplicación de la ley", según manifestó ayer el alcalde, Javier Losada.
La Oficina Municipal de Atención a la Dependencia (OMAD) estará coordinada con los quince centros cívicos municipales, donde se instalarán despachos especializados, para proporcionar asesoramiento sobre las prestaciones a las que dará derecho el recién creado Sistema Nacional de Dependencia. Losada destacó que esta iniciativa del Ayuntamiento es pionera en Galicia y que se lleva a cabo antes incluso de que la Xunta determine la forma en la que los municipios participarán en la oferta de servicios a los dependientes.
La oficina municipal estará abierta en horario de mañana y tarde y su mantenimiento será costeado por el propio Concello y la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar de la Xunta. El regidor señaló que el objetivo del Gobierno local es que ninguna persona "quede al margen de esta ley" y destacó que la cuarta parte de los previsibles destinatarios en A Coruña de las prestaciones reciben ya asistencia del Ayuntamiento mediante programas como la ayuda a domicilio, la teleasistencia, las reformas en los hogares o la organización de actos lúdicos y culturales para personas con dependencia.
"Somos la referencia en política de bienestar y ahora queremos ser ejemplo en la aplicación de esta ley", señaló Javier Losada, quien destacó que el sistema de dependencia, cuya legislación entró en vigor el pasado 15 de diciembre, generará derechos individuales para las personas afectadas y que permitirá liberar a las numerosas mujeres que en la actualidad se encargan de la atención a los discapacitados o personas mayores.

La Opinión, 29 de marzo de 2007